La Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) adelantó la tercera mesa de diálogo interinstitucional para abordar la problemática derivada de la ocupación de la Hacienda San Rafael, predio administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y ubicado en el Cañón de Opiramá, entre los municipios de Guática y Quinchía.
La situación se originó meses atrás con la ocupación del terreno por parte de la comunidad indígena La Kayana, lo que ha generado impactos ambientales debido a quemas para adecuar áreas de cultivo y vivienda. Según la CARDER, estas acciones ocasionaron un incendio que afectó entre 2.500 y 3.000 metros cuadrados de cobertura vegetal en la zona baja de la ladera, cerca del río Opiramá.
En la mesa participaron representantes de la Procuraduría, la SAE, la Policía de Derechos Humanos, la Agencia Nacional de Tierras y las alcaldías de Guática y Quinchía. Durante el encuentro, el director de la CARDER, Julio César Gómez Salazar, advirtió sobre irregularidades en la venta de predios:
“Hay personas de la comunidad Emberá que están vendiendo terrenos sin autorización, sin permisos y sin acreditar titularidad. Es importante que la comunidad conozca esta situación para evitar estafas. Desde la CARDER continuaremos con el proceso sancionatorio ambiental e informaremos a la Fiscalía General de la Nación para las actuaciones correspondientes”, señaló.
Por su parte, el alcalde de Guática, Ferney Castro Colorado, destacó la necesidad de buscar soluciones conjuntas:
“Sabemos que allí hay un asentamiento indígena que requiere apoyo. Queremos trabajar unidos para solucionar esta problemática lo más pronto posible y brindar seguridad a este territorio”.
De igual manera, el alcalde de Quinchía, Jader de Jesús Clavijo, hizo un llamado a la ciudadanía:
“Pedimos a la comunidad que se abstenga de comprar predios en la finca San Rafael, vereda Opiramá, porque no existe claridad sobre el fallo judicial y esto podría agravar la situación”.
Como conclusión del encuentro, la CARDER reiteró que prácticas como la deforestación, la cacería y las quemas en el predio constituyen daños a los recursos naturales y serán objeto de sanciones legales. La entidad insistió en la necesidad de reforestar el área para proteger el equilibrio ecosistémico del Cañón de Opiramá.